.: La Fede :.

Según la Organización Mundial de la  Salud el aborto es la terminación de un embarazo antes de las 20 semanas de gestación, puede ser temprana (primeras 12semanas) o tardía (12 a 20 semanas). En nuestro país, la legislación es de carácter restrictivo, penado con prisión que varía según los casos. Dicha pena corresponde tanto para la mujer como para el profesional (o no) que realizara el aborto. Solo se contemplan dos casos: cuando evita la muerte de la madre o cuando el embarazo fuera producto de una violación a una persona con discapacidades mentales o demencia. Sin embargo, aún en estos casos la realización del aborto conlleva desde trabas burocráticas, juzgamientos de un sector reaccionario de la sociedad, como así también la negación de algunos profesionales a llevarlo a cabo







Como la legislación no contempla los casos donde la mujer no quiere continuar con un embarazo no deseado, se recurre al aborto ilegal, clandestino, donde las consecuencias de dicha práctica, varía de acuerdo al lugar de clase de donde proviene. Es decir, si puede pagar los altos aranceles que cobran para realizarse en un lugar higiénico, seguro, con un profesional, el aborto resulta seguro, la mujer recibe atención y contención tanto en el proceso como en el pos-aborto. En el caso de no contar con los recursos económicos necesarios, se recurre a prácticas alternativas  con personas no capacitadas,   la introducción de objetos punzantes, tallos de perejil, con el riesgo de hemorragias, infertilidad, y por supuesto, la vida de la madre. Una vez más, los pobres pagan las consecuencias por no contar con los medios para asegurarse la salud.

            La mayor cantidad de abortos se registran entre adolescentes, menores, muchas veces embarazos no deseados producto de abusos causados por mayores. La falta de información, recursos; es decir, políticas en salud sexual y reproductiva por parte del Estado produce el desamparo de estos jóvenes (algunas casi niñas) y afecta tanto en su salud física, mental, en su elección de proyecto de vida y las deja en situación de vulnerabilidad. No alcanza con “grandes campañas” cuando los receptores no tienen los elementos necesarios para informarse, cuando no llegan a los sectores más castigados, cuando los centros de salud se encuentran devastados y donde la ignorancia, prima de la miseria, se vuelve obstáculo para comprender las consecuencias del no cuidado del propio cuerpo y del  otro. No solo el embarazo se puede prevenir, sino también las enfermedades de transmisión sexual que insisten en instalarse en los lugares más pobres. La sola entrega de métodos anticonceptivos no garantiza la prevención, además hace falta informar cómo usarlos. Aún así, existen determinaciones culturales que complejizan el tema de la prevención y conllevan un desafio para pensar formas alternativas de implementación de políticas serias que intenten afrontar la problemática con una mirada más puesta en el sujeto que sufre.

Ahora bien, la criminalización hacia las mujeres que deciden acudir a un aborto va en detrimento del derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, sobre su vida. Se la restringe del derecho de elegir el momento de ser madre o no.

            El papel que juega la Iglesia parece ser determinante a la hora de que el Estado se defina por el tema. Si bien existen avances importantes que se lograron con la lucha y movilización, siguen habiendo tabúes para la despenalización.  Acusa a las mujeres de “asesinas”, la institución de la Inquisición, de la complicidad con las guerras, con las dictaduras militares, etc. Una vez más pone a la víctima en el lugar de victimario.

A través de los diferentes reclamos populares se han logrado  algunos avances significativos; uno de ellos es la sanción de la Ley de Educación Sexual que se aplicará en las escuelas de acuerdo a los lineamientos de cada provincia en todo el territorio nacional. Esta ley contempla la idea de brindar educación sexual desde el Nivel Inicial en adelante. A pesar de las críticas que se pueden hacer en relación a algunos contenidos en los que se ve claramente la influencia de la Iglesia (por ejemplo matrimonio, amor, familia) es un avance con respecto a las posibilidades que se abren en cuanto a la prevención. La forma en cómo se implemente y los recursos que el Estado brindará está en discusión; sin embargo, permite introducir la problemática de la sexualidad en el ámbito educativo.

            Otro hecho significativo es la posibilidad de contar en los organismos públicos de modo gratuito con la Anticoncepción de Emergencia. Permite prevenir embarazo en caso de no haber tomado las precauciones necesarias para evitarlo. Se toma dentro de las 72 horas, reduce la posibilidad de embarazo en un 75% ya que retrasa o inhibe la ovulación y altera el movimiento de los espermatozoides en las Trompas de Falopio. No es un método abortivo, sino preventivo. Disminuye la necesidad del aborto y la incidencia de este en condiciones de riesgo.

            Cuando hablamos de aborto clandestino en condiciones no seguras contemplamos el riesgo que implica para la mujer. Ahora bien, en caso de complicarse la salud debe recurrir a un hospital, donde no solo es juzgada en términos “morales”, sino que además puede ser denunciada. Al respecto el Ministro de Salud de la provincia de Santa fe Miguel Angel Cappiello afirmó que los hospitales no notificarán casos de mujeres que interrumpan su embarazo. Esta medida viabiliza la atención de la mujer y previene posibles trastornos de salud que podrían ocasionar hasta la muerte. El funcionario se manifestó a favor de la despenalización del aborto.

            El camino recorrido permite que hoy nos encontremos con algunos logros, igualmente no es suficiente, se siguen muriendo mujeres por no acceder a un aborto seguro, siguen naciendo niños de embarazos no deseados con las consecuencias que esto trae tanto para la madre como para el hijo en términos de construcción subjetiva, o simplemente quedan estériles por no poder contar con la atención adecuada.

La salud no se puede regir por la lógica del mercado, no es una mercancía que se compra y se vende, es un derecho adquirido y debemos seguir luchando para que se haga carne, para que el Estado se haga cargo de la situación y arbitre los medios necesarios para que cada mujer pueda decidir sobre su cuerpo, su sexualidad, su maternidad.

Por todo esto exigimos:

  “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”