Allá por marzo comenzamos a escuchar cada vez más seguido dos palabras: campo”y “retenciones”. Se avecinaba un conflicto del que se han cumplido 100 días.
El detonante del mismo fue el anuncio del por entonces Ministro de Economía Lousteau de un cambio en el régimen de retenciones a la soja, el girasol, el trigo y el maíz. Las retenciones dejarían de ser fijas para ser móviles, es decir, los porcentajes variarían de acuerdo al precio al que cotizan los granos en el exterior. Esto conllevaría a un aumento de las retenciones a la soja (del 35% al 44,1%) y al girasol (del 32% al 39,1%), acompañado por una baja de las retenciones al trigo (del 28% al 27,1%) y al maíz (del 25% al 24,2%). A partir de este anuncio, se sucedieron una cantidad de respuestas tan variables como confusas. El 13 de marzo comenzó un paro agropecuario convocado por Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro. Lo primero que llamaba la atención era encontrar coincidiendo en el mismo reclamo a la SRA y a la FAA. La Sociedad Rural, fundada en 1866, históricamente ha representado a las oligarquías y a los grandes terratenientes. Como muestra, basta recordar su papel en los sucesos de principio de siglo pasado conocidos como la Patagonia Rebelde, cuando su presión fue clave para desencadenar el asesinato de miles de trabajadores. También podemos hacer mención a su apoyo a la última dictadura militar, en particular a las políticas económicas neoliberales de Martínez de Hoz. Por lo tanto, no es de extrañar que estén en desacuerdo con la aplicación de retenciones a la producción de soja, que sin dudas es la más rentable para el campo en este momento. Si bien Luciano Miguens, presidente de la SRA, señala que el paro es “apolítico”, no está sólo en juego un sistema de retenciones sino un modelo económico: el anuncio del gobierno atenta contra la desregulación de los mercados y contra la rentabilidad sin límites del capital privado. En palabras cotidianas, les metieron la mano en los bolsillos. También, como nota de color, llama la atención escuchar a Miguens justificando a los cortes de ruta como medida de lucha, cuando tiempo atrás consideró que los piqueteros eran extorsivos.
Confluyen con la SRA los pequeños y medianos productores, muchos de ellos organizados en la Federación Agraria. La FAA en teoría representa otros intereses: se fundó en 1912 tras el Grito de Alcorta, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores rurales y de acceder a la propiedad de la tierra. Sus reclamos en relación al anuncio de Lousteau comenzaron siendo justos: en un principio, su exigencia era que no sean los pequeños productores los más perjudicados. Sin embargo, los pequeños productores, aliados en los reclamos y en las medidas de fuerza a la SRA, se han convertido en la fuerza de choque de una derecha que se está rearticulando. Su postura actual es una negativa rotunda al régimen de retenciones móviles, como nos dejan claro las cuatro entidades cuando se presentan en bloque con el acuerdo de que la base para comenzar a negociar es “retrotraernos al 11 de marzo”. De este modo, se deja de lado la discusión que debería primar: deben pagar más quienes más tienen, es decir, los grandes productores. La solución, a nuestro entender, son retenciones diferenciadas y mínimas a los pequeños y medianos productores.
La propuesta del gobierno, realizada ya el 28 de marzo, ha sido otorgar compensaciones a los pequeños productores, en especial a los que tienen mayores costos de fletes por hallarse lejos de los puertos. Lejos de considerar esta propuesta, y de pautar cómo hacer para garantizar que las compensaciones les lleguen a todos los pequeños productores, las entidades endurecieron sus reclamos. Tristemente y de forma muy irresponsable, sin tener en cuenta las consecuencias para el resto de los argentinos, las entidades profundizaron el lockout, es decir, decidieron no vender las dos tercias partes de su producción y guardarla en silos. Un lockout acompañado de cortes de ruta y de la determinación de quiénes pasan y quiénes no, de acuerdo a la carga que llevan. Mientras ellos comen cordero y lechón (nada que ver con las ollas populares...), mientras queman fardos de alfalfa y tiran leche y otros alimentos al costado de la ruta; los perjudicados son los mismos de siempre. “Hemos demostrado que se puede desabastecer”, dijo Buzzi (presidente de FAA) el 1º de abril. Sin palabras...
Un punto clave en la discusión, que muchas veces se deja de lado, es para qué se utilizarían los fondos adicionales que se recaudarían en el 2008 (entre 2900 y 3900 millones de pesos). La medida del gobierno no tiene sentido si sólo tiende a aumentar el superávit fiscal y acumular reservas en el Banco Central, que ya son de 50 mil millones de pesos. Tampoco tiene sentido si se utiliza el dinero para pagar al FMI los intereses y los capitales de la deuda externa (este año vencerán 14 mil millones de pesos). Sin embargo, si la modificación del régimen de retenciones apunta principalmente a la redistribución de la riqueza, tal como señala el gobierno al menos en lo discursivo, la medida no sólo es justa sino que además puede favorecer el desarrollo productivo de Argentina. Para ello, habría que apoyar a los sectores postergados de la economía regional. En el marco del agro, se debería tender a una diversificación de los cultivos, a promover la ganadería y la lechería y a garantizar la tecnificación de los pequeños productores, entre otras medidas. Por otro lado, los fondos recaudados se podrían utilizar para la realización de obras públicas y para la suba de salarios. En este sentido, más recientemente el gobierno ha anunciado que lo recaudado con las retenciones por sobre el 35% será destinado a viviendas, hospitales y rutas. Nos intriga un poco qué pasará si las retenciones bajan (recordemos que como son móviles, de acuerdo al precio internacional de los granos puede haber subas o bajar de la tasa): ¿se dejarán de hacer estas obras públicas? De todos modos, no quedan dudas de que anunciar a qué se destinará el dinero extra es un avance más que importante.
Un segundo punto, es que pocas veces se pone en discusión la validez de los fundamentos que dio el gobierno para impulsar estas medidas: la intención de evitar la suba de los alimentos, desaclopando los valores internos de los granos de sus valores de exportación; y de poner un freno a la “sojización” del campo. En cuanto al primer punto, pensemos qué pasaría si la cotización internacional de los commodities como los granos de soja aumenta de golpe. Con retenciones fijas, al exportador le resulta mucho más rentable vender los granos. Por lo tanto, se colocan menos granos en el mercado interno. A corto plazo, el precio de los granos en el mercado interno aumenta. A mediano plazo, se estaría promoviendo la siembra de soja (por su mayor rentabilidad) en detrimento de otros cultivos. Esto conllevaría una menor producción de los alimentos que consumimos. Y, por lo tanto, un aumento de la inflación. Si las retenciones fueran móviles, la situación interna no variaría, ya que al exportador le resultaría igual de rentable exportar independientemente de la cotización internacional. Y hablamos del exportador porque, en sentido estricto, las retenciones no son a la producción. Por ello, para los pequeños productores en realidad lo crucial es evitar que los grandes exportadores (grupos como Cargill y Bunge, entre otros) les trasladen los costos de las retenciones...
Por otro lado, en cuanto a la intención de evitar la “sojización” del campo, está claro que para cambiar el modelo de la Argentina agroexportadora y sojera no alcanza un régimen de retenciones, se trata de un problema mucho más amplio. Año a año, la superficie cosechada con soja bate récords: en el 2007, se trataron de 16 millones de hectáreas. Además de tenderse al monocultivo –impulsado por los grandes pooles sojeros–, existe una real expansión de la frontera agrícola que tiene como consecuencia el desmonte de 34 hectáreas de bosque nativo por hora (821 hectáreas por día). Y el problema no es sólo ambiental sino también social: año a año desaparecen chacareros, expulsados de sus campos hacia la ciudad porque la única posibilidad que les queda es arrendar sus tierras a grandes productores. Ni que hablar de los pequeños campesinos, totalmente desplazados y olvidados en este modelo. O de los trabajadores rurales, la mayoría de ellos en negro.
Mientras tanto, entre el desorden con el que se vienen dando las discusiones y el manejo mediático, en Buenos Aires y en muchas otras ciudades hubo sucesivos cacerolazos en apoyo a las medidas del campo y en las rutas los cortes continúan. En “apoyo al campo” se une una oposición de lo más diversa: desde la clase media alta, hasta los más “revolucionarios” de la izquierda roja, pasando por Cecilia Pando, Macri, Carrió, Eduardo Duhalde. El oportunismo de algunos grupos, que parecen referenciarse sólo desde un anti-kirchnerismo que se yergue a toda costa, lamentablemente ayuda a que la derecha recalcitrante de siempre se rearticule y se potencie. Nuestra tarea en esta coyuntura es, desde una posición autónoma y crítica, apoyar la medida de las retenciones móviles impulsada por el gobierno. No por ello dejaremos de ser críticos respecto al kirchnerismo: no se nos olvida que el gobierno sigue entregando nuestros recursos mineros, que ha impulsado la Ley Antiterrorista, que los salarios han evolucionado mucho más lento que la inflación real, entre otros puntos. Pero no dejemos que reine la confusión: más que nunca, es necesario frenar el avance de esta derecha y encarar a fondo la discusión sobre el modelo de país que queremos, donde exista realmente una redistribución de la riqueza y una vida digna para todos.
